La masacre de Tiananmen: 15 años después y la reforma no llega

Por James A. Dorn
Ya han pasado 15 años desde las trágicas muertes de manifestantes pro-democracia en la plaza de Tiananmen en Junio de 1989 y 25 años desde que Deng Xiaoping se embarcó en las reformas económicas. Actualmente China es una de las economías más abiertas del mundo, con exportaciones más importaciones llegan a ser cerca de un 62 por ciento del PIB. Sin embargo, poco se ha hecho para limitar el poder que tiene el Partido Comunista Chino (CPP, según sus siglas en inglés) sobre los derechos humanos fundamentales.
Las libertades de expresión y asamblea son garantizadas en la Constitución china pero carecen de soporte en la ley. El CPP sigue usando su posición monopólica para enriquecer a los suyos a expensas del público. Los peces pequeños pueden ser agarrados pero es raro que los altos oficiales del partido sean destituidos o penalizados por comportamientos corruptos. Los líderes locales imponen impuestos arbitrarios a los agricultores; confiscan tierras sin compensación justa y los desarrolladores de bienes raíces en áreas urbanas usan sus conexiones dentro del Partido para despojar de sus propiedades a los viejos dueños que tienen pocos recursos para emprender acciones legales.
De esta manera, mientras que China ha puesto en regla sus relaciones comerciales, su progreso para poner en regla las libertades personales es deprimente. Ese fracaso impedirá que China desarrolle todo su potencial porque, a menos que las personas sean libres para perseguir sus sueños y ejercer sus derechos naturales a la libertad y propiedad, no pueden desarrollarse plenamente.
Las enmiendas recientes a la Constitución de la PRC (República Popular China, según sus siglas en inglés), que fue aprobada por el Congreso Nacional Popular (NPC, según sus siglas en inglés) en marzo de este año, suena bien pero carece de un mecanismo creíble de enforzar la ley. No existe un sistema judicial independiente ni una comisión constitucional que protege tanto a las personas como a la propiedad.
El Artículo 13 establece que “La propiedad privada legítima no puede ser violada”, y el Artículo 33 que “El Estado respeta y salvaguarda los derechos humanos”. Esas dos enmiendas indican la importancia creciente del sector privado para el futuro desarrollo de China. Como afirmó Wang Zhaoguo, vicepresidente del comité permanente del NPC: “Con desarrollo económico y una mejora en los niveles de vida, muchas personas tienen diversos niveles de propiedad privada o de factores de producción. Por lo tanto encuentran una necesidad fuerte y urgente para que sus propiedades sean protegidas”.
Infortunadamente, no es probable que el CCP socave su poder respetando los derechos de propiedad. La pura esencia del Partido Comunista es la de negarle a otros los derechos que exige para sí mismo y sólo la propiedad estatal se considera “sagrada”. La realidad es que la inequidad de poder, no de derechos, es la marca del CCP. En la “República Popular” algunas personas son más iguales que otras. Aquellos que se sientan en el Comité Permanente del Politburó son más iguales que los oficiales locales y los miembros del CCP son más iguales que los ciudadanos corrientes.
La relación entre el individuo y el estado es todo lo contrario. Como anota el reformador constitucional Cao Siyuan, los ciudadanos deberían ser los amos y el estado el siervo, pero es justamente lo opuesto. Aquellos que traten de volver el sistema político chino hacia la forma correcta serán tratados con dureza, como fueron tratados los valientes líderes del movimiento democrático y el ex Secretario General del Partido Comunista, Zhao Ziyang, quien continúa bajo arresto domiciliario simplemente por sugerir el diálogo en lugar de la fuerza para resolver el impase en la Plaza de Tiananmen.
Antes de 1989, China estaba comenzando a liberalizar su sistema tanto económico como político. Hoy, no puede regresarse a la planeación central, pero el legado de esa era es un aparato político que es inconsistente con los derechos a la propiedad privada y de libertad individual. Según Li Shuguang, un profesor de la Universidad de Política y Leyes de China, el código civil en ese país refleja la pérdida de libertad que trajo la economía planificada.
Sin duda la liberalización económica ha abierto grietas en el edificio estatal. Los individuos tienen más espacio personal que el que tenían antes del crecimiento del sector no estatal y existe una naciente sociedad civil que se está desarrollando por fuera de la sociedad política. La política ya no domina la vida cotidiana como lo hacía durante la Revolución Cultural.
Ahora las empresas estatales contribuyen tan sólo con un 20 por ciento de la producción industrial y emplean mucho menos trabajadores que incluso hace una década. Los individuos pueden poseer casas, viajar al exterior, usar la Internet, trabajar en el sector privado y hablar más libremente. Pero todas esas libertades están restringidas: el estado sigue controlando los medios de comunicación, limitando las opciones de inversión y prohibiendo la privatización masiva de sus activos.
La adherencia de Beijing al socialismo de mercado es entendible dados los ingresos que pueden saquear los oficiales del partido, esto debido a que continúan controlando los gastos de inversión y distribuyendo fondos por medio de la política en lugar de tasas de interés de mercado. Permitir la libertad del capital y la privatización masiva despolitizaría la vida económica y acabaría con el monopolio de poder del partido.
Puede ser que China no tenga más opción que abrir su mercado de capitales y permitir la libertad de prensa si quiere convertirse en un jugador estelar en los mercados financieros globales. Las fuerzas de la globalización y la revolución de la información pueden ser el camino de China hacia la libertad. La continua contracción del sector estatal eventualmente hará obsoleto al CCP. La reforma política entonces se hará desde abajo, como la reforma económica. El estado podría entonces desempeñar su rol legítimo de protección a los derechos humanos fundamentales y reconocer la propiedad privada como base de la libertad. Esa es la visión que todo liberal chino desea y que cada ciudadano chino merece.
James A. Dorn es Vicepresidente de Asuntos Académicos del CATO Institute.
Publicado por la Fundación Atlas 1853. Autorizada su reproducción en TransEnerCliMa.